La actual ley 20.000 que vino a reemplazar la antigua ley 19.366, en el 2015 cumplió 15 años desde que entró en vigencia. Mismo año que la corte suprema revocaba sentencia de uno de los casos más emblemáticos en relación al activismo cannabico y su libertad de cultivo personal, y terminando a diciembres del 2015 con el cambio de lista I a lista II de estupefacientes controlados de MINSAL con la firma de Michelle Bachelet, en esos tiempos, presidente de la republica de Chile. El año en que el cannabis comenzó a alejarse de ser un tema Taboo para la población.
Haciendo un breve resumen sobre la historia política y legal que tiene la guerra contra las drogas en nuestro país, comenzamos con la primera norma (artículo 313) del código penal en 1873, para terminar ante la ya conocida ley 20.000, no sin antes tener un precedente con la ley 19.366 la cual, adaptó las circunstancias legales en nuestro país referente al trafico ilícito de estupefacientes, al acuerdo internacional de la convención de Viena (18/12/1988), la cual reprime toda clase de conducta relacionada con la producción, elaboración, tráfico y consumo de drogas, sustancias estupefacientes y el aprovechamiento de los beneficios económico de estas actividades ilícitas.
Con la ley 19.366 puesta en vigencia el 30 de enero de 1995, comenzó a establecerse como falta el consumo de sustancias ilícitas de parte de cualquier persona (en su versión anterior sólo se sancionaba a cierta población relacionada con las fuerzas navales del país), además de sancionar el porte ( y establecer que el porte podía sugerir tráfico), estableció agravantes a los delitos (como ser parte de alguna organización criminal con fines de realizar un delito), y establecer presunciones (tener instrumentos o insumos que podían ser considerados para usos de creación de estupefacientes ilícitos era una presunción de culpabilidad, salvo que pudiera demostrar su uso para fines no ilegales).
No fue hasta febrero del 2005 que se puso en vigencia la Ley 20.000 con el fin de esclarecer una realidad que se hacía presente en Chile y se debía poner atención: existía una población consumidora, y portadora de pequeñas cantidades que podían o no estar destinadas al tráfico ilícito como al propio consumo próximo en el tiempo, mucho más evidente que organizaciones elaboradas para cometer el delito de tráfico y debían ser tratadas y sentenciadas de manera diferentes. Esto, luego de casi 5 años de conversación política sobre cómo afrontar la realidad chilena y su forma de abarcar el consumo y tráfico de drogas (que para ese entonces, comenzaba a “visibilizarse” el consumo de sustancias más nocivas a la salud.)
Cabe señalar que en Chile no fue un problema el consumo de drogas hasta el período de dictadura militar, la cual, con una ley que sancionaba el tráfico y aumentaba la pena con sustancias que no eran tan dañinas para la salud (como se consideraba en esos tiempos a la planta de cannabis), se comenzó a quemar plantaciones de marihuana y se perseguían organizaciones, creando así un aumento en el consumo de marihuana paraguaya y pasta base de cocaína.
Antes de que se iniciara el golpe militar en Chile, el país contaba con la ley 17.934, la cual, modificaba el código penal en lo que se respecta a los delitos contra la salud pública. Ley que ayudó a reprimir a jóvenes con pensamiento militar diferente al de la época, además de incluir a Chile entre los paíces que comenzaban la ‘Guerra contra las drogas’. Aún cuando en el país no era un problema en la ciudadanía. Influenciado totalmente por la presión internacional, que en ese entonces se estaba enfocando en una declaración total a la ‘guerra contra las drogas’.
En el 2005, cuando la ley 20.000 se puso en vigencia, también fue el año en que la semilla de marihuana comenzó a tener un acceso más cercano a cultivadores, lo que llevó a centenar de detenciones por cultivo ilegal con penas efectivas que variaron de meses hasta incluso años de presidio, incluso en casos de cultivadores para uso personal y próximo en el tiempo. Esto llevó a que organizaciones como “movimental” comenzaran a levantar la voz por los detenidos y hacer frente a la ley promulgada por el ex presidente Ricardo Lagos.
Casos como el de Maria Luisa Velazco, de 71 años, (exesposa de senador y exministro Juan Hamilton), quien ese mismo año fue acusada de narcotráfico por el cultivo de 40 plantas de marihuana y 1 kg de cannabis en su domicilio, los cuales fueron declarados para consumo medicinal por su patología de artritis reumatoide, recibiendo el apoyo de personas como el expresidente del Banco central durante el gobierno militar, quien escribió una carta pública en su favor. Velazco pasó 8 días en prisión preventiva y fue apodada por la prensa como la “abuela cogollo”. Y situaciones como el de Marco Quiroz (Ex director de la biblioteca nacional de Puerto Montt) quien fue sorprendido fumando un cigarrillo de hojas de marihuana y portando 8 gramos de la misma, fue condenado a una pena efectiva de 5 años y 1 día, de los cuales, pasó 3 años en prisión antes de obtener beneficios que le llevaron a cumplir su condena en libertad y pagar una multa de 15.000 CLP por cultivo sin autorización del SAG, luego del fallo de la Corte Suprema que aceptó que “el uso con discreción y sin fine de lucro” de cannabis estaba permitido. Comenzaron a abrir la puerta del activismo cannabico en los tribunales de justicia.
Movimiental, organización que se fundó en el año de los casos comentados, gestionó la primera concentración de gente con la consigna “cultiva tus derechos”. Y generó el comienzo de un cambio en el pensamiento público, sumado a detenciones de gente famosa y televisiva que llevó la crítica negativa por parte de la sociedad a un cambio de visión que permitió a la gente admitir que consumía cannabis sin el miedo al prejuicio.
Ya en el 2011 comenzó a verse este cambio de pensamiento en la gente, cuando después de detenciones de integrantes del programa juvenil Yingo, y otros personajes mediáticos salieron a la luz y defensa pública actores y actrices de teleseries e importantes caras de la televisión nacional e incluso políticos, apoyando la legalización de la planta, criticando la clasificación de la marihuana en la lista I de estupefacientes ilícitos del país y la mala gestión de la actual ley de prevención y tráfico de drogas.
Es en el 2014 en donde después de haber estado presente en conversaciones por un largo período en boca de activistas, jueces, artistas, políticos, economistas y más las incongruencias de la ley 20.000. Es el SAG quien decide otorgar la primera autorización de cultivo legal de marihuana en el país con fines medicinales y se presenta un proyecto que normaba el permiso explícito de cultivo y consumo personal de cannabis entre otras especies.
Llegamos al 2015 (10 años después de la vigencia de la ley 20.000) con una sociedad dividida por la desinformación pero que claramente en gran parte era consumidora de la planta en cualquiera que fueran sus ámbitos (recreativo, medicinal, de investigación). Con una porcentaje bastante alto de la población que tenía una percepción de daño casi nula del consumo de cannabis, además de un aumento sostenido de usuarios que habían probado en el último año un cigarrillo de marihuana, es que el caso Tiagrama se hace mediático al momento en que la Corte Suprema revoca el fallo de uno de los dos sentenciados de la organización por cultivo ilegal de 15 plantas de marihuana, que consistía en 541 días para el psiquiatra Milton Flores y 41 días para la psicóloga Paulina Gonzalez, después de que Flores comenzara una huelga de hambre dirigida a la, en ese entonces, presidenta Bachelet, exigiendo eliminar a la planta de las ‘drogas duras’.
La Corte Suprema revoca el fallo indicando que: “reconoce que el cultivo personal es un acto preparatorio para un hecho licito”, señalando además, “que eventualmente los cultivos colectivos para consumo no concertados tampoco constituyen ninguna infracción a la ley”.
Y así se comienza a tener un contexto social en donde los políticos de turno por primera vez intentan cambiar la ley 20.000 con el fin de entregar autorización legal para el cultivo de cannabis medicinal. Colectivos y organizaciones comienzan a marchar y generar activismo con el interés fin de “no más presos por plantar”. Proyecto de ley que si bien generaba una regulación clara en cantidad de ejemplares a cultivar y gramaje a portar, no llego a un acuerdo positivo de parte del gobierno, el cual no apoyó la ley y tampoco de parte de las mismas organizaciones activistas cannabicas las cuales, no estuvieron de acuerdo en la cantidad a regular.
Sin el resultado positivo del proyecto de ley, el camino de regulación de la planta en el país no llegó a su fin. E incluso, se abrieron las puertas a un posible consumo regulado, cuando a finales del 2015 Michelle Bachelet firma el decreto 408 que indicaba un cambio de posición de la marihuana de la Lista I a la Lista II del reglamento de estupefacientes y psicotropicos del MINSAL.
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